La factura es el documento mercantil que refleja toda la información relativa a una operación de compraventa. Es el documento fiscal por excelencia, que ejerce de garantía de los derechos como contribuyente y también como consumidor.Para deducir el IVA conviene tener clara su definición.
La información que contiene debe reflejar la naturaleza de la entrega de un producto o la prestación de un servicio. Los datos fundamentales que deben figurar en una factura se dividen en los siguientes conceptos.
- Número y serie de factura: la numeración debe ser correlativa, pueden existir varias series.
- Lugar y fecha de la emisión de la factura.
- Nombres y apellidos o razón social del emisor y NIF.
- Nombre y apellidos o razón social y NIF del comprador.
- Descripción de la operación de compraventa. Con una denominación detallada y la cantidad de la mercancía.
- Precios unitarios e importe total. Debe desglosarse si hay embalaje, intereses por pago aplazado o cualquier otra circunstancia.
- El tipo tributario y cuota (el tipo de IVA aplicado). Además debe especificarse por separado las parte de base imponible correspondiente a cada tipo de IVA, si en una misma factura existen diferentes tipos. En el supuesto que la operación sea exenta de impuestos, debe hacer referencia a la disposición correspondiente a la que haga alusión.
- En el caso de facturas internacionales, debe aparecer el Incoterm. Términos de tres letras cada uno que reflejan las normas, de aceptación voluntaria por las dos partes —compradora y vendedora—, acerca de las condiciones de entrega de las mercancías.
A pesar de que las facturas no tienen carácter probatorio, cumplir con las normas que establece la legislación llevando a cabo una definición correcta de estos campos aumenta las garantías jurídicas y facilitará posibles procesos de reclamación.
La regulación legal vigente para las facturas se basa en el Real Decreto 1619 del 30 de Noviembre de 2012 que entró en vigor el 1 de Enero de 2013. Sustituye al anterior Real Decreto del 2003 -10 años prácticamente- y pone en práctica el Ordenamiento Jurídico de la directiva Europea del 2010 con el objetivo de reducir cargas administrativas, facilitar las transacciones, asegurar la seguridad jurídica e incorporar la factura electrónica a la normativa.
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