El Ministerio de Economía y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMNV) preparan una batería de medidas para hacer de España un país más atractivo para las empresas financieras y tecnológicas y para dar cobertura a las fintech ya existentes.
Recientemente, el Ministerio de Economía ha sacado a consulta pública un anteproyecto de ley para adaptar la legislación nacional a la directiva europea de medio de pagos (PSD2), que obliga a las entidades bancarias a facilitar el acceso de las fintech a los datos de sus usuarios para ofrecerles sus servicios, cuando estos lo hayan autorizado.
Esta directiva europea deberá estar implantada en enero del próximo año y da un pequeño margen a los países para fijar procesos de autorización y reducir los requisitos de información.
Además, el gobierno está diseñando un marco general que regule las empresas tecnológicas financieras. En este sentido, la CNMV ha creado un portal online de consulta para las fintech y próximamente lanzará un banco de pruebas: un marco de regulación más permisiva, controlado y en el que operarían durante un tiempo de entre seis meses y un año para comprobar si son viables. Después de este periodo pasarían a estar reguladas por la legislación correspondiente.
El subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, también ha anunciado en las últimas semanas que las web crowdfunding o financiación colectiva podrían requerir ya una revisión de la norma que regula su actividad, aprobada hace tan solo dos años.
El sector de las fintech ve con buenos ojos esta cascada de declaraciones y ha visto un cambio de actitud en el gobierno ya que España comenzaba a quedarse a la cola de los países europeos en regular estas empresas. Concretamente, las startups financieras han dado la bienvenida a la creación del banco de pruebas por parte de la CNMV. Los gobiernos de Australia y Reino Unido ya han tomado medidas similares que han dado muy buenos resultados.
Expertos en la materia afirman que los países europeos se han lanzado a la carrera para legislar el sector debido a su pujanza económica. Solo en España existen más de 200 compañías que han creado más de 2.500 puestos de trabajo y generaron unas inversiones en 2016 de cerca de 250 millones de euros. Sin duda alguna, el Brexit ha impulsado a los gobiernos a tomar la iniciativa, con la esperanza de captar inversiones de las empresas que abandonen el Reino Unido.